El mercado ilícito de gasolinas le genera a Pemex una pérdida de 40% del mercado legal de los combustibles, que significan 500 mil millones de pesos.
Producto de la corrupción que aún persiste en las 49 aduanas terrestres, marítimas y fronterizas del país, cientos de miles de litros de gasolina y diésel ingresan ilegalmente al país todos los días, a través de un contrabando constante en el que participan empresas, particulares y el crimen organizado. Los combustibles importados no son reportados al fisco o se introducen con engaños y trucos, como declarar “aceites” para evadir el pago de impuestos especiales. Todas esas importaciones de combustibles, que pasan principalmente por las aduanas fronterizas de Tamaulipas y puertos como Manzanillo, son vendidas en el mercado ilícito de gasolinas que existe en México y que le genera a Pemex una pérdida de 40% del mercado legal de los combustibles, que significan 500 mil millones de pesos al año que pierde la paraestatal.
Un estudio interno de Pemex, elaborado por el consejero independiente Rafael Espino de la Peña y fechado en noviembre de 2019, alerta a la Dirección General de la empresa, encabezada por Octavio Espinoza, que a pesar del éxito en el combate al “huachicol” y la disminución en el robo de combustibles y terminales de almacenamiento de la empresa, que redujo las ventas de gasolina robada en las gasolineras, Pemex sigue perdiendo casi medio billón de pesos cada año por el mercado negro de gasolina y diésel que continúa y ha crecido, a través de las importaciones ilegales de esos combustibles que ingresan desde el sur de Estados Unidos y en otros como importaciones “legales” pero que no son reportadas en las aduanas por la corrupción, el engaño y el negocio millonario que representan la venta de esos energéticos en el mercado ilegal, que generan flujos y ganancias cercanas a los 20 mil millones de dólares al año para el crimen organizado.
Derivado de ese contrabando ilegal de gasolina y diésel o de importaciones simuladas que ingresan al país por las aduanas fronterizas y por los puertos marítimos, el estudio estima que la Secretaría de Hacienda y el SAT pierde 310,662 millones de pesos diarios por concepto de IEPS que dejan de cobrar, además de que la evasión del IVA equivale a 192,390 millones de pesos, lo que significa para el fisco federal un pérdida anual de 189 mil 599 millones de pesos. En tanto que Pemex, por esas cantidades de gasolina y diésel ilegales que se venden en el mercado ilícito, pierde un potencial de ventas diarias de 1,259 mdp diarios o 459,637 mdp cada año, al mismo tiempo que en el mercado negro esos combustibles generan ganancias (no gravadas) por 1,200 mdp cada día y 408,566 anuales, y las estaciones de servicio o gasolinerías también aumentan sus ganancias con la compra de combustibles de contrabando pues ganan hasta 5 veces más por cada litro ilegal que compran, mientras que a los distribuidores el beneficio de la ilegalidad es de hasta 50 veces más de ganancia. “Por esta razón resulta fácil entender porqué el crecimiento del mercado ha sido captado por el crimen organizado”, dice el estudio elaborado por el consejero Rafael Espino.
MÁS CARROS PERO MENOS VENTA DE GASOLINAS
El estudio ordenado por Pemex y que le fue presentado al presidente López Obrador desde el año pasado, es en buena parte la razón por la que el presidente decidió entregarle al Ejército mexicano y a la Secretaría de Marina el control de las aduanas terrestres, al primero, y de los puertos marítimos, a la segunda. La militarización de las Aduanas fue la salida del mandatario ante el fracaso evidente que ha tenido su gobierno para tratar de controlar la enorme corrupción que aún prevalece y que ocasiona una fuga de recursos al erario federal calculada en más de medio billón de pesos cada año. Tres directores civiles que ha nombrado este gobierno, primero Ricardo Peralta, luego Ricardo Ahued y ahora Horacio Duarte, no han podido controlar y menos acabar con la corrupción que el mismo presidente definió como “el monstruo de 100 cabezas” mientras que expertos en el tema consideran que las aduanas son el “píloro” de la corrupción en el país, porque por ella pasa todo.
Tan sólo en la Aduana de Reynosa, una de las más importantes en la frontera con Estados Unidos y red de 17 aduanas terrestres y marítimas que tiene Tamaulipas, hay estimaciones no oficiales de que ingresan 2 mil pipas por semana, 700 en Matamoros y 400 en Nuevo Laredo cargadas con diesel y gasolina, que en la mayoría de los casos no es reportada o entra de contrabando. Por cada pipa el cobro ilegal que se hace en esa aduana es de 4 mil dólares por pasada, de los cuales se reparten partes a los funcionarios de la aduana, a los inspectores fiscales para que se hagan de la vista gorda y al crimen organizado que controla y autoriza esos pases. En muchos de los casos, el contrabando se realiza a través de la declaración falsa de los conductores o importadores que reportan llevar “aceites” u otro tipo de sustancias o químicos, cuando en realidad los camiones van cargados con diésel y gasolina, con lo que evitan pagar cantidades millonarias de IEPS. Toda esa gasolina es distribuida y vendida en el mercado negro de combustibles en toda la República. Quien empezó el contrabando de gasolinas está señalado en documentos oficiales, es José Ramón Gómez Reséndez, actual suegro del gobernador de Tamaulipas y padre del delegado especial de Programas Federales en ese estado, José Ramón Gómez Leal.
En el documento oficial denominado “Mercado Ilícito de Gasolina y Diesel”, del cual esta columna tiene copia, se reconoce la existencia de ese mercado ilegal a partir del hecho de que el consumo nacional de gasolinas no ha crecido en los últimos años a la par del crecimiento del parque vehicular que circula en el país. “Históricamente ha existido una correlación directa entre el crecimiento del parque vehicular y el consumo nacional de gasolina. Siempre que creció el parque vehicular, creció el consumo nacional de gasolinas y los años donde el parque vehicular disminuyó o se mantuvo estable, el mercado de combustibles se comportó de la misma manera”, dice el estudio de Pemex.
Sin embargo, añade, entre los años 2008 y 2017 (en los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto) se rompió abruptamente esa correlación, mientras que el parque vehicular creció sostenidamente, el consumo se mantuvo sin crecimiento. Para documentarlo señala que a partir de 2008 el parque vehicular continuó su incremento mientras el consumo oficial se mantuvo sin aumentar pasando de 2,297 peta Joules (equivalentes a 1,208 miles de barriles diarios) a 2,312 peta joules (1,215 miles de barriles diarios). Sin embargo, ese incremento no correspondió al aumento de parque vehicular que pasó de 30 millones de vehículos en 2008 a 45 millones en 2017, lo que en realidad hubiera demandado un aumento de 876 peta Joules (440 mil barriles diarios) para llegar a 3,153 peta Joules o 1,615 mil barriles diarios. Es decir que mientras el numero de autos circulando en el país creció 37%, el consumo de gasolinas en esos 9 años creció 0.75%.
Lo que explica esa disparidad, dice el consejero independiente de Pemex en su análisis, es el crecimiento del mercado ilegal de combustibles que se dispara a partir de 2007, durante el sexenio calderonista. Conforme aumenta el robo de gasolina y diésel a ductos y plantas de Pemex, que era la única fuente de abastecimiento de la delincuencia organizada, también aumenta la caída de la participación de la empresa estatal en el mercado de combustibles. Eso ocurrió consistentemente y se fue incrementado por 6 años, de 2007 al 2013. Por eso se pensó que terminando con el “huachicol” o el robo de combustible, se acabaría el mercado negro de gasolinas, y por eso la orden presidencial al Ejército de tomar el control del manejo y la operación de los ductos de Pemex y de sus sistemas de distribución.
Pero ocurrió que con todo y la disminución del huachicoleo a Pemex y el haber sacado del mercado a las gasolinas y diésel robados, las ventas de la empresa de esos dos combustibles no aumentaron. “Ya se han registrado 8 meses consecutivos sin volúmenes faltantes y el aumento en las ventas legales registradas de privados o Pemex es insignificante o cercano a cero”, reconoce el estudio interno de la empresa productiva del Estado.
EL PEÑATO Y EL HUACHICOLEO DE IMPORTACIÓN
Para explicar por qué la estrategia de combate al robo de combustibles del presidente López Obrador, una de las primeras medidas adoptadas por su gobierno en diciembre de 2018 al tomar posesión, que incluso ocasionó una crisis nacional de desabasto de gasolina y diésel durante enero y febrero del 2019, el análisis del consejero independiente de Pemex, Rafael Espino, explica que durante el sexenio de Peña Nieto el incremento gradual del IEPS y el IVA a las gasolinas, además de la “lógica anticonsumidor con que se llevó a cabo la Reforma Energética”, hicieron que con los llamados “gasolinazos” o aumentos en el precio de los dos combustibles, se rompiera la paridad histórica de precios que había entre México y Estados Unidos. El precio en nuestro país se disparó mientras los precios estadounidenses se mantenían sin variación significativa, lo que llevó a un diferencial de precios. “Con este diferencial nace la oportunidad de un negocio altamente rentable que ha aprovechado el crimen organizado y que es el contrabando de gasolina y diesel del exterior hacia México”, dice el análisis.
La conclusión del estudio en Pemex es que entre 2008 y 2017, a diferencia de los registros oficiales, “el mercado de gasolina y diesel sí creció, sin embargo, el crecimiento fue captado casi en su totalidad por el mercado ilícito. El crecimiento de ese mercado negro sería de alrededor de 37%, que significa que se mueven todos los días en México 841 peta Joules o alrededor de 440 mil barriles diarios de combustibles ilegales que, a precio de bomba de las estaciones de servicio, tendrían un valor de 1,390 millones de pesos diarios. Con esas cifras reales, Petróleos Mexicanos habría perdido no el 2% del mercado que se reporta oficialmente, tomando en cuenta a los importadores registrados ante Hacienda, sino el 27% del total de las ventas de gasolina y diésel en el país. “En condiciones reales Pemex y los importadores registrados (que venden a un precio de 18 pesos en promedio el litro de gasolina o diésel) están compitiendo contra un mercado ilícito capaz de ofrecer precios de hasta 14 pesos por litro”, concluye el estudio que señala que en esas condiciones la recuperación de Pemex y los esfuerzos millonarios que hace el gobierno para inyectarle recursos “pudiera no tener la efectividad que se espera”.
¿Podrá en algún momento el gobierno de López Obrador detener la sangría de recursos y el robo a Pemex que se creyó que terminaba con detener el robo a ductos, pipas y terminales de almacenamiento y con el desmantelamiento de la mafia interna que alimentaba ese saque de los recursos energéticos del que participaba el crimen organizado? Por ahora no ha podido ni el Presidente ni su 4T detener ese desangramiento de la petrolera, cuyas ventas de gasolina enfrentan ahora otro tipo de “huachicoleo” el fiscal, que significa un negocio multimillonario auspiciado por la corrupción oficial en las aduanas y puertos del país y controlado por el crimen organizado.
Fuente: El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-huachicol-en-la-importacion-de-gasolinas
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